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Francesca García (Lima)/Daniel Carbajal (Iquitos)
Más de año y medio después de que este diario publicara la investigación de la agencia INFOS con testimonios que acreditaban que en el Hostal Toro Bravo de Iquitos –negocio familiar del congresista de Fuerza Popular Víctor Grández– se cometían delitos sexuales contra menores de edad, la bancada fujimorista decidió su separación y expulsión tras la difusión de un informe televisivo que recoge la misma acusación.
"Esto no es proxenetismo, es trata de personas, delito que para nosotros es mucho más grave. Pedimos una inmediata investigación del Ministerio Público", dijo la congresista Karla Schaefer en referencia a la denuncia de comercio y explotación sexual de menores de edad en el referido local que está a nombre de la madre de Grández, Rosa Estefita Saldaña Vargas, de 80 años.
La también vocera alterna de Fuerza Popular indicó que la decisión fue tomada por unanimidad por su bancada y se reunieron a pedido de la lideresa del partido Keiko Fujimori, y que "de acuerdo a su reglamento" apoyarán una investigación de oficio en la Comisión de Ética Parlamentaria.
NO ES NOVEDAD
Según el reportaje publicado por La República el 2 de enero del 2013, este negocio estuvo incluido en un expediente que remitió la Policía Nacional al Ministerio Público en junio del 2012, como parte de los locales que utilizaba una mafia de proxenetas en Iquitos para concretar sus delitos.
Además, pese a negar sus vínculos al argumentar que éste está a nombre de su madre, Grández ofreció el hostal como parte de garantía para acceder a un crédito hipotecario en el 2010. Un año antes constituyó la empresa Producciones y Negociaciones Acuícolas Toro Bravo a través de la cual logró un préstamo con lo que habría construido el hotel del mismo nombre.
La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, informó que han solicitado la intervención del Ministerio Público y la colaboración de la Policía Nacional para acompañar en la labor de los fiscales de turno para recabar testimonios e información de este caso.
Al respecto, la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, anunció que han solicitado la intervención del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y opinó que este asunto debe ser asumido directamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la que deberá determinar si corresponde el desafuero o no.
El defensor del Pueblo encargado, Eduardo Vega, se sumó a la demanda y solicitó que las autoridades brinden las medidas de seguridad a los menores explotados sexualmente.
Por la tarde, la primera dama, Nadine Heredia, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en alusión al tema, y pidió luchar contra la "lacra" de la explotación sexual infantil y la trata de personas. "El abuso infantil y vulneración de derechos de nuestros niñ@s (sic) no debe quedar impune. Hay que sancionar a responsables", escribió.
DENUNCIA 'MANO NEGRA'
En respuesta a las denuncias, el congresista Grández intentó tomar distancia de la responsabilidad de los ilícitos cometidos en el hostal Toro Bravo al referir que esta propiedad no está a su nombre y atribuir a que el personal que labora ahí ha "burlado el control y la confianza" de su familia.
"Si bien es cierto que el hostal pertenece a un negocio de mi familia, no tengo injerencia administrativa, ni legal. Estoy realizando personalmente la denuncia ante el Ministerio Público para que se sancione a los responsables", respondió en Iquitos a La República el legislador.
Grández minimizó los cuestionamientos al recordar que el año pasado fue investigado por la misma denuncia ante la Comisión de Ética que declaró infundada la denuncia.
El congresista acusó además al propio presidente regional de Loreto, Yván Vásquez, de estar detrás de la denuncia por haber sido crítico de su gestión.
"Considero que ésta es una denuncia maliciosa porque quieren desprestigiarme por la lucha que estoy haciendo contra la corrupción ante el Gobierno Regional de Loreto, y esperamos que se esclarezca en las investigaciones de Ministerio Público", argumentó.
Según la versión del congresista, él mismo solicitó la separación de la bancada durante el tiempo que duren las investigaciones. En Iquitos hubo una protesta frente al local del hostal Toro Bravo exigiendo investigación.
EL 2013 LOS COLEGAS LO ENCUBRIERON
Ayer, la Comisión de Ética aprobó por unanimidad investigar de oficio al congresista Víctor Grández tras ser denunciado por la explotación sexual de menores. El grupo de trabajo que preside Humberto Lay iniciará las pesquisas en el Hostal Toro Bravo, que sería de propiedad del fujimorista.
La investigación tiene carácter de prioritaria, por lo que, según Lay, se tendrían resultados en 4 semanas.
Pero esta es la segunda vez que ocurre. El 25 de febrero de 2013, tras analizar el reportaje a Víctor Grández que publicó La República, esa comisión que también era presidida por Lay acordó investigarlo de oficio, pero en el informe final del 6 de mayo de 2013 declaró infundada la denuncia, "por no haberse acreditado conductas antiéticas".
Según ese documento, no hubo elementos objetivos para afirmar una conducta "antiética" de Grández que implique la afectación a su investidura parlamentaria, debido a que la propiedad está nombre de su madre de 80 años, y a que las fiscalías en Maynas indicaron que no habían iniciado investigación al no poder enlazar a Grández con la propiedad del local. Esto pese a que la Segunda Fiscalía Mixta de Maynas investiga desde junio del 2012 los presuntos vínculos de Grández con el proxenetismo.
Recuperado del Diario La República, de fecha 19 de Agosto del 2014, en: http://www.larepublica.pe/19-08-2014/fujimorismo-expulsa-a-grandez-17-meses-despues-de-denuncia