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La ley sobre empleo juvenil aprobada por el Congreso y publicada ayer en El Peruano ha regocijado a la extrema derecha –incluido el presidente Ollanta Humala– e indignado a los trabajadores y a los jóvenes. La medida acata una orden del Banco Mundial, impuesta en varios países de Europa. Su resultado se conoce: millones de jóvenes sin empleo en el viejo mundo.
Este nuevo ataque neoliberal contra los derechos de los trabajadores forma parte de la ofensiva del gran capital contra conquistas fundamentales del sector laboral, conquistas que son parte del esfuerzo civilizatorio de la humanidad. Los que agreden a la naturaleza se lanzan también contra el trabajador.
El dispositivo exhibe como en vitrina su carácter antisocial. Priva a los trabajadores de entre 18 y 24 años de edad que ingresen al matadero –perdón, quise decir mercado– laboral de la compensación por tiempo de servicios, de gratificaciones, de vacaciones completas de un mes y de seguro de vida. Sin decirlo, va a imponer que los jóvenes se inscriban en las AFP, con el consiguiente descuento en el salario mínimo que se les asigna. El resultado será un ingreso neto mensual de 600 soles, con las justas para pasajes y refrigerio.
Un comentario del ciudadano estadounidense Pedro Pablo Kuczynski perfila el objetivo de la flamante ley. Dice PPK que él hubiera querido que esta abarque a jóvenes de 18 a 30 años de edad. Ese es el propósito de fondo. A eso apunta el llamado Consenso de Washington –el consenso del FMI, el Banco Mundial, la gran banca yanqui– cuando ordena la “desregulación” del empleo.
La implantación del empleo precario, es decir, de corta duración y a plazo fijo, se aplica también con esta ley. Lo dice sin tapujos en su artículo 7:
“Una vez vencido el plazo del contrato, este podrá ser renovado por periodos de al menos seis (6) meses. El plazo máximo de duración de un contrato laboral juvenil, incluyendo sus prórrogas en la misma empresa, es de tres (3) años siempre que el joven mantenga su edad entre los dieciocho (18) y veinticuatro (24) años inclusive”.
La superexplotación de los jóvenes es ya una fuente de riqueza en el Perú. Pero esta nueva ley ofrece un marco legal para esa injusticia. No es casual que los jóvenes trabajadores y los estudiantes reaccionen con ira contra ella. Legisladores de varias bancadas van a acudir al Tribunal Constitucional para que se derogue por su carácter inconstitucional, por su intento de establecer una discriminación, un apartheid para los trabajadores más jóvenes.