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¿Cuál es su opinión sobre el estado de la educación en Latinoamérica?
Durante los últimos años, en América Latina, algunos indicadores muestran un intenso crecimiento en las oportunidades educativas de la población más pobre. Sectores que tradicionalmente estaban excluidos de las instituciones escolares hoy pueden tener acceso a ellas. Las tasas de escolarización se han multiplicado exponencialmente y la esperanza de vida escolar ha crecido de forma significativa para los sectores populares. En algunos países, particularmente en los más pobres, aunque el analfabetismo continúa siendo un problema estructural, los niños y niñas entre 7 y 14 tienen más probabilidades de estar formalmente dentro de una escuela que fuera de ella.
Sin embargo, esta situación, conquistada en buena medida gracias al sacrificio y a la lucha de nuestros pueblos, lejos puede llevarnos a pensar que hemos realizado una efectiva revolución democrática asociada a la universalización del acceso y la permanencia en la escuela. El estado de nuestra educación es, de hecho, mucho más complejo y bastante menos alentador de lo que las estadísticas educativas parecen mostrar.
La acelerada expansión de los sistemas educativos en Latinoamérica se produjo en un contexto de intensificación de las condiciones de pobreza y exclusión de las grandes mayorías. Tenemos hoy, en nuestra región, el mayor número de pobres de toda nuestra historia. Más de 220 millones de personas viven, en América Latina, por debajo de la línea de la pobreza. Y, más de la mitad de ellos, son niños, niñas y jóvenes con menos de 18 años. Al mismo tiempo, la injusticia y las desigualdades sociales no han parado de crecer. Somos la región más injusta del planeta. Una región donde la diferencia entre ricos y pobres se amplía cada vez más, alcanzando un grado de barbarie inimaginable.
Los sistemas educativos latinoamericanos se expanden y crecen en este contexto. Un contexto que marca profundamente el tipo de expansión desigual que ha caracterizado a nuestros sistemas escolares durante las últimas décadas. En efecto, la expansión de la educación en un marco de intensificación de las condiciones de pobreza, desigualdad e injusticia social ha profundizado el proceso de segmentación y diferenciación de nuestros sistemas educativos: escuelas pobres para los pobres y ricas para los ricos. Los pobres acceden hoy a la escuela, pero lo hacen en instituciones que no cuentan con las condiciones necesarias para garantizar que su experiencia educativa sea, de hecho, la oportunidad efectiva de un derecho social, un derecho humano inalienable: el derecho a la educación.
¿Qué peligros genera esta situación?
Los nuestros son sistemas educativos que funcionan de forma fragmentada y a diferentes velocidades. Decir que un niño o una niña latinoamericanos pasaron seis años en la escuela sin decir dónde viven, quiénes son sus padres y de qué trabajan, cuál es el color de su piel; en suma, sin determinar a qué clase social pertenecen, no quiere decir nada. Seis años de escolaridad en una “favela” de Río de Janeiro y seis años de escolaridad en el Barrio de Leblon, a menos de un kilómetro de distancia de esa “favela”, significan dos experiencias y dos oportunidades de escolaridad profundamente diferentes.
Sociedades injustas y desiguales tienen sistemas educativos también injustos y desiguales. Sociedades partidas, fragmentadas, tienen sistemas educativos partidos y fragmentados.
En el pasado, a los pobres se les negaba el derecho a la educación, negándoseles el acceso a la escuela. Hoy, esto ha cambiado. Los pobres tienen acceso a la escuela, pero a una escuela que ha sido vaciada de su condición efectiva para garantizar un derecho humano y social inalienable como lo es el derecho a la educación.
La escuela de los pobres, es verdad, cumple una función social cuando ofrece a millones de niños y niñas la posibilidad de comer la única comida del día, o cuando los protege (o pretende protegerlos) de las amenazas de un entorno de violencia y múltiples agresiones. Sin embargo, mientras a los pobres la escuela los alimenta y pretende protegerlos de los peligros de la calle, a los ricos los prepara para seguir siendo clase dominante.
El derecho a la educación no puede ni debe reducirse, por lo tanto, al derecho a permanecer algunos años en la escuela. Sin lugar a dudas, la lucha por el acceso y la permanencia en la escuela es fundamental. Entre tanto, desde una perspectiva democrática y libertaria, debemos entender el derecho a la educación como el derecho a luchar contra toda forma de monopolización del conocimiento, contra toda apropiación privada de los beneficios generados por la acumulación social de saberes. El derecho a la educación es el derecho a vivir en una sociedad donde los conocimientos socialmente significativos no son apropiados o expropiados por aquellos que pueden ejercer la prepotencia que les otorga el dinero. El derecho a la educación es un requisito indispensable para la construcción de sociedades justas e igualitarias. Hoy, a los pobres se les ofrece la oportunidad de acceso a la escuela, simplemente porque a sus escuelas se les ha quitado la función de garantizar el derecho efectivo a la educación.
¿Cuáles son las medidas más urgentes para superar esta situación?
Sin lugar a dudas, enfrentamos dos tipos de desafíos. Unos, específicamente educativos. Otros, más amplios y no menos fundamentales. Los educadores y educadoras tenemos la propensión a pensar que el sistema educativo debe cambiar para poder cambiar la sociedad. Esto, de cierta forma es así. Precisamos de sistemas educativos más democráticos, sistemas públicos de educación que cuenten con recursos y condiciones económicas dignas, con profesionales formados y cuyo trabajo sea valorizado socialmente. Precisamos construir sistemas educativos más participativos, evaluados de forma más democrática, que superen la tentación tecnocrática de pensar que la calidad se reduce a la medición de aprendizajes en pruebas estandarizadas. Sistemas escolares donde la excelencia y la igualdad no entren en contradicción. Precisamos, evidentemente, de una reforma estructural del sistema.
Sin embargo, también precisamos de un cambio social profundo. Cambiar la escuela sin cambiar la sociedad puede ser un simple espejismo democrático. En rigor, muchos de los grandes problemas que hoy se le atribuyen a la escuela no le pertenecen sólo a ella. Se dice, por ejemplo, que hay desempleo porque el sistema escolar no transmite las competencias, habilidades y disciplinas que el mercado de trabajo demanda. Una afirmación que se repite hasta el hartazgo pero que no resiste la más mínima evidencia empírica. Lo que genera nuestras altas tasas de desempleo no es sólo el déficit educativo sino la naturaleza excluyente del mercado de un trabajo, atravesado por el sexismo, el racismo y las prácticas discriminatorias. Un modelo económico que permite y potencia la acumulación de riquezas pero no su distribución justa. Un mercado donde hay lugar para pocos y que hace de la segregación su dinámica más efectiva.
Tenemos que cambiar la educación. Y para eso debemos cambiar nuestras sociedades. Un desafío que no se construye de forma secuencial, sino simultánea: cambiar la educación cambiando la sociedad y cambiar la sociedad cambiando la educación.
¿Ud. opina que la educación podría ser un remedio eficaz contra la pobreza y la guerra?
Continuando con el argumento anterior, sin lugar a dudas, la educación democrática puede ser un factor fundamental en la lucha contra la pobreza y contra la guerra. Sin embargo, constituye un peligroso reduccionismo pensar que la pobreza y la guerra se generan por una falla de nuestros sistemas escolares. La educación liberadora tiene una función fundamental en la lucha contra la barbarie. (¿Qué son la pobreza y la guerra sino expresiones emblemáticas de la barbarie?) Y la tiene porque, parafraseando a Theodor Adorno, la educación puede volver la barbarie moralmente insoportable. La educación democrática, libertaria es una condición necesaria para construir sociedades basadas en la solidaridad, la igualdad y la justicia social. Allí reside su extraordinario valor político: la educación emancipatoria contribuye a desestabilizar las injusticias, a hacer del nuestro un mundo donde la igualdad y la libertad no entren en mutua contradicción y donde el derecho a la felicidad no se escamotee a las grandes mayorías.
¿Cuáles son los enfoques principales de su programa de investigación actual?
Actualmente, me desempeño como coordinador del Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas, un programa del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. En el OLPED desarrollamos un conjunto de investigaciones sobre procesos de reforma de la educación en América Latina y el Caribe. También, un proyecto sobre las luchas por el derecho a la educación, un amplio relevamiento sobre los conflictos educativos y un programa de estudios e intervención institucional sobre la discriminación racial en las universidades. Al mismo tiempo, el Observatorio desarrolla diversas actividades de documentación e información sobre políticas educativas. Tenemos un Canal Iberoamericano de Noticias sobre Educación y un centro de documentación con más de cinco mil documentos on line. El OLPED es un amplio portal de acceso a informaciones sobre la educación latinoamericana (www.olped.net). Asimismo, hemos creado un Foro Latinoamericano de Políticas Educativas con instituciones semejantes a la nuestra en siete países de América Latina (Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, México y Nicaragua) y tenemos un papel activo en la promoción del Foro Mundial de Educación.
Tratamos que nuestro trabajo contribuya a la lucha por la democratización efectiva del derecho a la educación y por la defensa y transformación de nuestros sistemas educativos. Creemos que la universidad pública debe estar al servicio de éstas y de otras causas destinadas a la construcción de sociedades más justas, solidarias e igualitarias.
Pablo Gentili
Nació en Argentina en 1963. Recibió el diploma de Doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor e investigador del Laboratorio de Políticas Públicas (LPP) de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Actualmente, coordina el Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (www.olped.net). Algunos de sus últimos libros publicados son: Pedagogía da exclusão (Vozes, Petrópolis, 1998); La ciudadanía negada. Políticas de exclusión en la educación y el trabajo (CLACSO, Buenos Aires, 2000); Universidades na penumbra. Neoliberalismo e reestruturação universitária (Cortez, São Paulo, 2001); Educar na esperança em tempos de desencanto (Vozes, Petrópolis, 2001); Reinventar a escola pública – Política educacional para um novo Brasil (Vozes, Petrópolis, 2003); Reforma educacional e luta democrática. Um debate sobre o sindicalismo docente na América Latina (Cortez, São Paulo, 2004); Espacio público y privatización del conocimiento (CLACSO, Buenos Aires, 2005). En Italia ha publicado: La falsificazione del consenso. Simulacro e imposizione nella reforma educativa del neoliberalismo (Edizioni ETS / COFIR, Pisa, 2005).