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La gestión inicial afirmó el primado de la educación pública pero no pudo contrarrestar su precarización. La apuesta inicial por la educación pública y la inclusión social de la gestión gubernamental se fue achicando en la convivencia con el primado de la lógica del mercado y de una progresiva injerencia el MEF y de las políticas del Banco Mundial en las políticas educativas.
El impulso a la escuela pública y a la educación bilingüe intercultural por la Ministra Salas no tuvo contrapartida en la asignación presupuestal. El estancamiento de la inversión en educación en 3% del PBI, ocurrió en el mismo lapso en que tuvimos cifras de incremento del PBI del 7% y, paradógicamente, al mismo tiempo en que la tributación minera se redujo en 48%. Las altas tasas de crecimiento económico convivieron con situaciones graves de desigualdad y un silencioso incremento de la educación privada gobernado por una lógica de lucro y sin garantía de calidad. En Lima, Arequipa y otras ciudades la educación privada es la mitad de la matrícula y en el 2021 será mayoritaria. Creció al amparo del DL 082 dado por Fujimori que inexplicablemente no ha sido derogado para la educación básica, permitiendo la proliferación de escuelas sin control de calidad que sólo sirven como negocio y lucro para sus promotores.
En la gestión de Saavedra se produce un aumento tardío del presupuesto educativo en 0.5% del PBI: 4,000 millones de soles, que resulta insuficiente. Aún con éste incremento el Perú gasta en educación por debajo de la media en A.Latina (4.5%) y tres veces menos que Chile, Colombia o Argentina. El Ministro reconoce que es imposible mejorar los aprendizajes sin mayores recursos ya que ello sólo ocurre cuando se gasta más de 5 mil dólares por alumno/año.
En estos cuatro años la exclusión social fue débilmente atendida por programas focalizados. Los Programas de inclusión social (considerando Beca 18) alcanzaron sólo el 0.7% del PBI y no lograron revertir la tendencia de ampliación de la desigualdad . Los recursos para atender a poblaciones vulnerables (estudiantes con discapacidad, jóvenes y adultos, niñas, escuelas de la amazonía, etc.) fueron sumamente restringidos. En conjunto se invirtió menos en las zonas de población rural mayoritaria y menos ingresos per cápita que son los que mostraron los más bajos resultados de aprendizaje.
No se invirtió en el factor clave: el docente. La Ley Magisterial no tuvo financiamiento consistente ni para las plazas ni para salarios. Se implementó sobre un piso salarial insostenible, equivalente a 400 dólares (la tercera parte del salario docente en Chile y Brasil). La precariedad remunerativa del docente silenciada al inicio del gobierno fue finalmente reconocida por el ministro Saavedra, quien prometió duplicar el salario pero terminó negando la posibilidad del mover el piso.
En el último tramo se dan medidas que expresan una peligrosa tendencia a implantar la lógica de mercado en la educación. En primer lugar las Asociaciones Público Privadas (APP) que funcionan con préstamos privados que se combinan con recursos del Estado. El 62% del incremento presupuestal público del 2015 va para las APP mientras el gasto dirigido a centros estrictamente públicos se estanca. Según estudios internacionales como el de la Böll Foundation las APP terminan siendo una forma de subsidio estatal al sector privado, transfiriéndole recursos públicos y trasladando los riesgos de la inversión privada a usuarios, contribuyentes y Estado vía incentivos tributarios, transferencias por adelantado, licencias para fijar tarifas en los servicios prestados, etc.
Por otro lado se ha establecido el “bono-escuela”, incentivo monetario anual para maestros y directores de las escuelas de primaria que obtengan los mejores mejores resultados en la prueba censal. Esta medida contradice los consensos académicos latinoamericanos sobre los impactos de mecanismos de mercado en términos de segregación social que señalan que la competencia entre escuelas lleva a excluir o estigmatizar a las que están en desventaja y advierten que el uso de la evaluación docente o de estudiantes para castigar y/o recompensar económicamente, incita a la competencia entre los actores de la educación en lugar de fomentar la cooperación.
Se ha anunciado la “beca oportunidad”, crédito universitario para alumnos de bajos ingresos. En Chile, Brasil y otros países, los estudiantes quedan endeudados por muchos años para pagar este tipo de créditos que terminan elitizando la educación superior a la par que posibilitando el creciente negocio con ella.
Finalmente los Colegios de Alto rendimiento (COAR) separan a unos alumnos de otros, segregándolos y condenan a los no “elegidos” a una educación de menor calidad. Transgreden la Ley de Educación que preconiza la inclusión social con igual calidad sin desmedro de la atención diferenciada que requieran por género, etnia, capacidad o cualquier otro motivo, pero al interior de la misma escuela, no en colegios segregados. Contravienen la función de la escuela es un espacio público de encuentro y de ciudadanía donde se debe fortalecer la integración y cohesión social.
Mientras tanto en Chile están de vuelta del modelo de mercado y van a cambiar la Constitución para eliminar el lucro de la educación. La Ley de Inclusión Escolar ha establecido la gratuidad, acabado con la discriminación en la admisión escolar con el lucro en la educación pública. Los colegios no podrán seleccionar a sus alumnos por su condición social, cultural, religión, capacidad ni rendimiento escolar, y quien lucre con la educación devolverá el dinero malversado más una multa del 50%. Se incrementa la inversión pública en educación y se proyecta un proceso gradual de reconversión: para el 2018 el 93% de los estudiantes estudiarán en colegios gratuitos.
Aquí se ha perdido el norte. El objetivo central era y sigue siendo cerrar brechas y eliminar la desigualdad.
Teresa Tovar ha escrito 5 artículos sobre un balance de estos cuatro años de gobierno de educación, a continuación dejamos los links para su revisión: