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Cuando, a inicios de enero, los candidatos para la presidencia de la República inscriban sus candidaturas deberán acompañar los documentos necesarios para validar este propósito. Entre ellos habrán de presentar los planes de gobierno que se comprometan a desarrollar en el caso de ser elegidos. Tradicionalmente estos documentos han sido vistos, casi exclusivamente, como un mero ejercicio formal y sin embargo revisten la mayor importancia.
En tiempos en los que las ideologías han pasado a segundo plano los programas de gobierno suponen ciertamente más que una mera declaración. A través de ellos se hacen explícitas las medidas que el aspirante a dirigir los destinos de nuestra patria se compromete a tomar para hacer realidad los ofrecimientos que caracterizan su oferta electoral e implican un ejercicio básico de transparencia hacia los votantes, además de un instrumento para los medios de comunicación quienes podrán hacer, en teoría, preguntas que vayan más allá del duelo retórico que suele acompañar a las declaraciones públicas.
Ahora bien, para que esta presentación sea valiosa se requeriría que diversas entidades las puedan enriquecer con sus propuestas. Sería necesario por tanto que instituciones serias de la sociedad civil y de la academia presentaran sus recomendaciones para así establecer una agenda de gobierno con la que los candidatos puedan, en determinadas materias, comprometerse respetando consensos claros. Incluso se podría llegar a establecer documentos a ser suscritos por los aspirantes a la Presidencia, mostrando así ellos una real voluntad de cumplimiento de importantes acciones para el bien común del país.
¿Por qué, a nuestro juicio, resulta indispensable que la sociedad civil y la academia participen en este compromiso? En primer lugar, porque la tarea de enunciar ideas para el buen gobierno no se agota, de ningún modo, en la habitual oferta de los partidos políticos. De otro lado, gracias a su experiencia de trabajo e investigación, las organizaciones no gubernamentales más serias y las universidades más destacadas podrían en tal situación aportar importantes sugerencias en torno a propuestas y tópicos que no deben dejarse de lado para la buena marcha del Perú.
En segundo término, porque la próxima llegada del Bicentenario de nuestra independencia es una excelente oportunidad para generar consensos y así colocarnos metas como país en torno a problemas que padecemos y deseamos eliminar, entre otros: la reducción de pobreza, la redistribución del ingreso, la mejora de los servicios de educación y salud, la reforma del sistema judicial y de la Policía Nacional, el cumplimiento de los derechos humanos, así como una visión de la economía que vaya más allá de la simple extracción de materias primas.
En tercer lugar, porque consideramos que el trabajo de los intelectuales peruanos no debe permanecer ajeno a su entorno. Ello resulta más importante en el caso de las universidades, cuya misión no puede cumplirse exclusivamente en el recinto del campus o quedar como simple tema de discusión entre académicos. Parte del compromiso de una comunidad universitaria implica estar dispuestos a escuchar las necesidades de los ciudadanos y contribuir a su solución.
Creemos que ya es hora de reflexionar y colocar en el centro del debate público asuntos que, ciertamente, van más allá de los insultos y acusaciones referidos a quienes postulan a dirigir los destinos de nuestra nación.