Elecciones 2016 y presupuesto educativo (3)
- Teresa Tovar Samanez
- 22 dic 2015
- 2 Min. de lectura
En artículo anterior: Agenda Educativa 2016 (2). Lo que el Estado debe garantizar, señalamos como 1ra. medida que el Estado asegure condiciones de calidad en todas las instituciones educativas públicas. Esto supone una 2da medida: incremento sustantivo de la inversión en educación hasta el 6% del PBI.
Partimos de la grave precariedad de la educación pública y el desfase del presupuesto educativo peruano en relación a A. Latina. El ministro Saavedra reconoció que “es imposible mejorar los aprendizajes sin mayores recursos” ya que la educación solo mejora en países que gastan más de 5 mil dólares por alumno. En los dos últimos años se ha incrementado el presupuesto de 3,3% al 4,1% del PBI. El esfuerzo es insuficiente y tardío. Según la UNESCO Perú está a la cola y Bolivia es el país que más invierte en educación: 6,4% del PBI, seguido de Jamaica y Argentina con 6,3% y 6,2%, respectivamente. Según el BM, el Perú está incluso detrás de Afganistán que invierte el 4,6%, y de Túnez y Mozambique que destinan el 6,6%.
Hemos tenido 20 años de abandono presupuestal de la educación pública con cifras estancadas debajo del 3%. Esta negligencia significó la dilución de lo público y la instalación de la carencia educativa como supuesto. Recientemente se tiende a sustituir políticas de universalización por políticas de focalización. Acciones de discriminación positiva como Beca 18 benefician a 45,000 estudiantes y deberían complementar (no suplantar) políticas universales para millones de estudiantes que estudian en aulas destartaladas y con maestros mal pagados. Los COAR son una cápsula de alta calidad que beneficiaa la vez que segrega a 2,400 alumnos, agravando la segmentación educativa en una región como A. Latina que tiene el mayor índice de desigualdad del planeta (UNASUR).
Los candados puestos al presupuesto educativo han sido la burda contraparte de las grandes facilidades a la inversión privada del gran capital vía exoneraciones tributarias, y se han aplicado por recomendación de organismos internacionales como el BM, que a coro con el CADE y el Estado, esgrimen el endeudamiento y la asociación público privada para cubrir el vacío de Estado.
Elevar el presupuesto educativo a 6% del PBI implica: a) Decisión nacional para hacerlo y para direccionar los recursos a mejorar salarios docentes e infraestructura; b)Descentralización del gasto, hasta ahora fuertemente concentrado, buscando cerrar brechas socioeducativas regionales. c) Canalizar hacia educación recursos recuperados de la corrupción y desde una reforma tributaria con justicia fiscal que grave a los más poderosos y elimine exoneraciones tributarias. d) Poner fin al endeudamiento del gasto en educación, evitando la creciente injerencia de actores privados y burocracias tecnocráticas en decisiones de política pública (alerta de CLADE 2015).
Hasta ahora, el silencio actual de los candidatos sobre este punto expresa continuismo con una política que justificó el estancamiento con distintos pretextos.