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Acabada ya la etapa de confrontación electoral, el nuevo Gobierno tiene que abocarse aceleradamente a la tarea de producir resultados prontos, eficaces y de alto impacto social. Esto no es fácil, considerando el clima de polarización que las elecciones ha evidenciado, y la falta de instrumentos políticos a los que el nuevo Gobierno pueda apelar, como lo son una numerosa bancada parlamentaria, una sólida organización partidaria, o arraigo masivo y militante dentro de la sociedad. En adición a esas variables propiamente políticas, las reformas públicas suelen producir resultados de mediano y largo plazo, tiempo del que no dispone el nuevo Gobierno para ratificar su legitimidad.
A la luz de ese difícil contexto es especialmente importante inspirarse en las buenas prácticas internacionales sobre procesos de reforma en las políticas públicas para identificar pautas de éxito y de minimización de fracasos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la cual el Perú aspira a integrarse como país miembro, identifica seis factores claves para el logro eficaz de reformas en políticas públicas, que se enuncian a continuación comentándolos.
1. UN CLARO MANDATO POPULAR PARA LAS REFORMAS. No obstante el adverso escenario político resultante de las recientes elecciones –o acaso precisamente por ello- el nuevo Gobierno debe plantear a la ciudadanía y a la Representación Nacional en el Congreso una hoja de ruta precisa y realista sobre las principales reformas a las que se abocará, y en función de las cuales podrá evaluarse la eficacia de su gestión. Esta hoja de ruta debe definir objetivos precisos, orientaciones definidas y acciones específicas para cada ámbito de reforma. Algunas de éstas son evidentes en lo genérico, como lo es el caso de la reformas en el ámbito de la seguridad ciudadana, aunque no tanto en lo específico (¿cómo hacerlo?). Otras no son tan obvias, pero sí fundamentales, como lo es la reforma integral de los sistemas de administración de justicia, cuyos objetivos debieran ser los de generar seguridad jurídica para todos, contrarrestar las presiones de los operadores de la ilegalidad en sus variadas manifestaciones, y garantizar condiciones adecuadas de acceso a la justicia particularmente en favor de los sectores de pobreza extrema o históricamente excluidos.
2. VIGOROSO LIDERAZGO. El centro de gobierno, que radica en el Ejecutivo, es la única instancia con capacidades para coordinar y supervisar, intra e intergubernamentalmente, la ejecución de las reformas.
3. PROPUESTAS DE REFORMAS BASADAS EN EVIDENCIAS Y EN ANÁLISIS SOLVENTES. La capacidad de movilizar apoyos ciudadanos y parlamentarios para las reformas tiene que basarse en una argumentación racionalmente incuestionable, ajena a la mera especulación ideológica y con virtualidad para ser apoyada por los especialistas. Esta argumentación debe estar cimentada en datos precisos y debe justificar tanto la urgencia cuanto los beneficios de las reformas.
4. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL. Son indispensables la diseminación de mensajes persuasivos y de incuestionable fundamentación, así como la consulta inclusiva a todos los actores relevantes, antes y constantemente durante el proceso de implementación de las reformas.
5. MOSTRAR PROGRESOS CONTINUOS: Los procesos de reforma requieren de una sostenida legitimación, y ello sólo puede lograrse en la medida en que a todo lo largo del ciclo de implementación se produzca información solvente sobre los avances. La producción de información evaluativa de calidad coadyuva a confirmar el grado de compromiso gubernamental en las reformas.
6. MANTENER VINCULADOS A LOS ACTORES RELEVANTES. La sostenibilidad de la legitimidad de los procesos de reforma requiere de la participación y opinión continuas de los actores relevantes, y la información evaluativa producida constituye una excelente herramienta para propiciarlas y mantenerlas sobre bases de solidez racional.
La valiosa experiencia internacional, que la OCDE pone a disposición del Perú para mejorar la calidad de su gestión pública, debiera servirnos para avanzar en rumbo hacia el desarrollo nacional concertado, y debiera también fortalecer nuestro compromiso de lograr ser invitados a integrarnos a ese organismo de países bien gobernados.
Nota. Tomado de OECD (2016), The Governance of Inclusive Growth, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264257993-en ; pp. 22-23.