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(Foto: USI)
La nueva mayoría del Congreso es un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mayores resplandores, un servidor de pasado en copa nueva. Solo hay que hurgar por encima para encontrar mugre en la uña. Diez de ellos tienen sentencias judiciales o procesos en curso. Otros tienen entripados en sus regiones. No han sido los primeros de la clase, ni se les conoce por sus méritos.
Son demasiadas las preguntas que se quedan en el tintero. Por ejemplo: ¿Cuánto cuesta un puesto en la lista congresal? ¿Cuán cercano hay que estar a la cúpula del movimiento?¿Qué hay que hacer para ser uno de los elegidos?
Algo que queda claro es que no se necesita ser un abnegado militante para pertenecer al dreamteam. Tampoco se necesita haber tenido experiencia política previa. La mayoría es independiente. No necesariamente suma puntos el haber estado comprometido en alguna causa justa o tener arraigo en la comunidad.
¿Cuál es el perfil del congresista fujimorista, si es que lo hay? Diecinueve de ellos están dentro del rubro empresarial, el comercio y los negocios. Diecisiete son abogados (la mayoría solo con bachillerato). Nueve son administradores o con oficios afines. Seis son funcionarios públicos o autoridades. Veintiuno tienen profesiones diversas, incluido un solitario tenor de ópera al que le conviene no ejercitar sus cuerdas vocales.
La mayoría posee billeteras gruesas y una gran ambición que sobrepasa sus credenciales. Los académicos, expertos, intelectuales y artistas no forman parte del universo fujimorista. (Los únicos que podrían clasificar como tales son el exrector de la Universidad del Altiplano, cuya condecoración es una sentencia condenatoria por alimentos, y el tenor Petrozzi).
Además, no todos los elegidos tienen credenciales intachables. Las hojas de vida arrojan información que deja dudas y en otros casos confirma chanchullos. En Tumbes, el congresista electo Juan Carlos Yuyes es un conocido empresario, pero solo registra ingresos anuales por siete mil soles. En Piura, Maritza García defendió a una persona ligada a la comercialización de drogas. Lo que levanta sospechas es que la gente de su propio movimiento quiso tacharla de la lista. En Lambayeque, el reelecto Héctor Becerril tiene dos sentencias por alimentos, una terminó en transacción judicial. En La Libertad, Luis Yika tiene un fallo condenatorio por alimentos. Además, declaró discapacidad física para condonar una deuda que tenía con el Banco de Materiales. En la provincia de Lima, la estilista Gladys Andrade ostenta el título de esposa del alcalde de Chancay. En El Callao, Víctor Albrecht, la mano derecha de Alex Kouri, tiene abierta una investigación por peculado en la fiscalía anticorrupción. En Ica, César Segura, presidente de la Cámara de Comercio de ese departamento, tiene cuatro procesos penales en curso: dos de ellos por apropiación ilícita, uno por lesiones graves y uno por homicidio culposo en tanto apoderado legal de Soyuz y Perú Bus. Además, figura en el registro de deudores de reparaciones civiles en agravio del Estado. En Tacna, Guillermo Martorell registra un proceso por concusión contra la administración pública.
La lista es larga. En Ancash, la abogada María Cristina Melgarejo fue militante de la agrupación de César Álvarez, el expresidente regional acusado de corrupción y homicidio calificado, que actualmente está preso. Y Yesenia Ponce es una gerente general que no tiene propiedades, pero sí una camioneta valorizada en 170 mil soles y una sentencia condenatoria en materia laboral, dictada por la Corte Superior de Trujillo. En Ayacucho, Miki Dipas, exalcalde de Pichari, tiene dos procesos penales y un proceso civil en curso, además de una sentencia por alimentos. En Cajamarca, Osías Ramírez, hermano del actual secretario general de Fuerza Popular, fue incorporado en la investigación que se le sigue su hermano Joaquín Ramírez por lavado de activos. El crecimiento de la fortuna familiar es tan impresionante que hace dos años la procuradora Julia Príncipe les puso el ojo encima.
En Junín, la abogada Sonia Echevarría registra un fallo condenatorio en materia contractual. Y Federico Pariona fue suspendido por haber mentido en su hoja de vida. En Pasco, el ingeniero de transportes, Roy Ventura, afronta tres investigaciones fiscales por colusión, usurpación y peculado. En Apurímac, Dalmiro Palomino no incluyó en su hoja de vida la sentencia emitida el 2004 por estafa, y por la que obtuvo dos años de prisión suspendida. En Puno, Lucio Ávila, el exrector de la Universidad del Altiplano, tiene una sentencia condenatoria por alimentos.
Continúa. En Amazonas, Miguel Castro fue denunciado por haber incorporado información falsa en su hoja de vida. Y Marita Herrera, gerente de dos empresas constructoras, ha dejado una obra inconclusa en el Río Santiago. En Loreto, Patricia Donayre ha migrado de partido en partido. Este es el cuarto por el que se presenta. Una muestra de cómo se puede hacer de la política un trampolín. En San Martín fue elegida Esther Saavedra, exnacionalista y fiel escudera de Nancy Obregón, la dirigente cocalera que está actualmente en prisión. En Madre de Dios, Modesto Figueroa ha sido denunciado por mentir en su hoja de vida, una nadería si se considera que la fiscalía le ha abierto una investigación por lavado de activos.
Avalancha fujimorista
El comportamiento del fujimorismo en el nuevo Congreso dependerá de los resultados electorales. Es diferente ser gobierno que ser oposición. Si ganan van a tratar de presentarse como un bloque compacto. El Ejecutivo, a través de José Chlimper, intentará disciplinarlos y alinearlos detrás de sus propuestas que responden a los intereses de los grupos que él representa. Al exministro de Agricultura fujimorista le conviene que se respete la democracia, que el movimiento se maquille, porque de la imagen que proyecte el país dependen varios de sus negocios agroexportadores. Por eso ha declarado que hará suyo un documento presentado por Transparencia que propone una agenda al nuevo Congreso.
Además, Chlimper pretende devolverle protagonismo a su bancada, bastante venida a menos y tan desprestigiada que, como él mismo ha declarado, “desde el gobierno de Toledo hasta ahora, todos los grupos parlamentarios se juntaban contra el fujimorismo, escogían sus comisiones y nos dejaban las que nadie quería”. Sostiene que ahora la situación va a cambiar, que promoverá la repartición de grupos de trabajo de forma ordenada y proporcional al número de congresistas de las demás bancadas.
El peligro acecha. Con esa mayoría absoluta la proporcionalidad desaparece. El Congreso será su Pampa Bonita. Es muy probable que la promesa de Keiko de entregar la presidencia de las comisiones de Fiscalización e Inteligencia a la oposición no asegure sanción para los corruptos ni que se respete la línea divisoria entre legalidad e ilegalidad en los servicios especializados de inteligencia. En tanto los fujimoristas sean mayoría en esas comisiones podrían bloquear las acciones de sus respectivos presidentes y miembros minoritarios.
Si no ganan las elecciones el riesgo es que la bancada navegue a la deriva. La anterior bancada fujimorista se mantuvo cohesionada porque sus integrantes tenían la esperanza de ser gobierno el 2016, y por eso acataban las directivas de Keiko de forma más o menos disciplinada. Ella decidió las posiciones y la línea en relación a los temas cruciales, y los congresistas de provincias tuvieron la última palabra en los temas regionales.
Aun así hubo contradicciones entre ellos. Por ejemplo, la bancada votó a favor de la ley de uso del agua, complementaria a la ley de recursos hídricos, y base de la democratización al interior de las juntas de regantes. Al poco tiempo, dos de sus integrantes, Becerril y Sarmiento, presentaron un proyecto para derogar esta ley que afectaba a una camarilla de agricultores de las directivas enquistadas en las juntas. Y aunque el propio Chlimper apoyaba la nueva ley, le pasaron encima.
Si revisamos el comportamiento fujimorista en el Congreso es claro que no han tenido una agenda legislativa. Los 17 congresistas reelectos presentaron propuestas de ley que cualquiera en el espectro político podría suscribir: rebaja de las medicinas, beneficios laborales, promoción de la agricultura, defensa del consumidor. Esto refleja que estamos ante un movimiento sin base ideológica, creado en torno a la figura del padre. Muchos de sus congresistas podrían votar indistintamente con Peruanos por el Kambio, con el APRA o con el Frente Amplio sin hacerse problema.
Si los resultados se les voltean es difícil que persista la cohesión interna. Ya entre ellos se han metido zancadillas a la hora de conformar las listas, así que sería probable que episodios de ese tipo se repitan. Es muy probable que estemos ante una bancada sin agenda, muy desordenada y con muchos francotiradores.
Es un hecho que Fuerza Popular no cuenta con una organización sólida a nivel nacional, y los militantes de base no han sido incorporados en sus listas.
Oportunismo versus meritocracia. Los 73 no llevan el fujimorismo en la sangre. Surge la pregunta: ¿Cuántos de ellos arriesgarían su pellejo por liberar a Alberto Fujimori?
El otro elemento desestabilizador es el “factor Kenyi”, un explosivo que puede detonar en cualquier momento. Ya adelantó su intención de postular a la presidencia si su hermana pierde estas elecciones. Y si las gana, y Kenyi insiste en su aspiración, podría apuntar a reformar la ley orgánica de elecciones. Para ello necesita ejercer el mando de la bancada y que la bancada se aglutine en torno a él.
No la tiene tan fácil y es evidente que los dos bandos - los keikistas y los albertistas – van a tener sus buenas pugnas. La bancada podría actuar dividida si se traslada la bronca fraternal al parlamento. Todavía los recién electos no están alineados en uno u otro sentido y Kenyi va a enfilar sus baterías para ganar a la mayoría a su lado. Por el momento, ha perdido a su fiel escudero, el congresista Julio Gagó que no ha sido reelecto, y tendrá como contrincante a Úrsula Letona, incondicional de su hermana.
Otro aspecto importante es el de las alianzas. Está claro que la alianza sólida con el aprismo, que empezó en el año 2006, se va a mantener, sobre todo ahora que está pendiente la investigación por el caso Lava Jato. La desesperación por librar a su jefe vale más que mil principios.
Otro acercamiento posible – en el caso de que el fujimorismo pierda las elecciones - se podría dar con Alianza para el Progreso, el partido de Acuña, a pesar de éste ha decido apoyar a PPK en la segunda vuelta. Finalmente cojean de indefinición ideológica, son populistas y su base social es parecida. Se pueden entender bien. Pero si Keiko gana, este escenario se podría tambalear en tanto a APP le conviene ser oposición.
Como la mayoría de bancadas es variopinta podrían darse algunos sorpresas, como el coqueteo de algunos congresistas PPkausas con los 73. Esta posibilidad queda descartada con el Frente Amplio y con Acción Popular, más aún si estos dos movimientos se alían.
Lo que será más difícil, al menos durante el primer año, es que se produzca el transfuguismo, ese fenómeno que estableció un tipo de conducta mercenaria por parte de un sector de congresistas. La discusión de la reforma política y electoral va a desincentivar dicha práctica hasta nuevo aviso.
Si ganan van a tratar de presentarse como un bloque compacto. El Ejecutivo, a través de José Chlimper, intentará disciplinarlos y alinearlos detrás de sus propuestas que responden a los intereses de los grupos que él representa. (Foto: La Repùblica).
Los ángeles de Keiko
No son tres sino cuatro. Uno de ellos es Luis Galarreta, quien en plena campaña electoral emigró al fujimorismo. Este es el cuarto partido en el que recala. El primero fue el Movimiento Libertad, luego pasó a Renovación de Rafael Rey, de ahí al PPC y ahora es uno de los escuderos de Keiko Fujimori.
Galarreta se ha caracterizado por estar detrás de proyectos de ley que favorecen a los poderes económicos. Una de sus últimas iniciativas ha sido promover una ley que favorece a las grandes empresas de cerveza.
En el Perú, desde el año 2010, las cervezas tienen un impuesto mixto: el que se grava a la venta con un 30 %, y el que se impone según la cantidad que contenga (S/.1.25 por litro). Las empresas pagan el impuesto que sea más alto para garantizar una mayor recaudación para el Estado.
El proyecto promovido por el congresista tiene como finalidad que se establezca un único sistema impositivo. De acuerdo a esa propuesta, solo se debía gravar con el 30% al precio de venta sugerido, dejándose de lado aquel que gravaba la cantidad de alcohol. Así se beneficiaría a las grandes compañías que, por lo general, tienen un precio de venta más elevado (debido a su calidad) y se perjudicaría a las empresas que elaboran cerveza artesanal.
Por otro lado, la propuesta es riesgosa en un país en el que el consumo de alcohol tiene consecuencias funestas: según el MINSA existen 1,5 millones de personas dependientes del alcohol en el Perú. De igual manera, en el 2013, hubo 2 480 muertes en accidentes de tránsito bajo la influencia del consumo de alcohol, de las cuales 281 son menores de 14 años.
El otro ángel de Keiko es Elard Melgar, el de los largos tentáculos. El congresista reelegido ha sido sancionado por la Administración Nacional del Agua (ANA) con 30 UIT por haber usado el agua de manera ilegal en sus predios. Melgar solamente estaba autorizado a regar 71 hectáreas, pero regó 1,000.
El propietario del fundo San Ramón, cuya labor legislativa fue aparentemente intrascendente, es un personaje muy conocido y poderoso en el norte chico. Su adhesión al fujimorismo fue rápida y expeditiva porque el crecimiento ascensional de su fortuna durante este régimen era un buen gancho. De ser un sencillo miembro de la policía forestal en la década de los 80 pasó a ser un acaudalado acaparador de tierras, aguas y poder político en estos tiempos. Melgar amasó su fortuna con el lucrativo negocio de venderle papilla al Estado, en los primeros años del Pronaa que fundara Alberto Fujimori. Tan bien le fue que se coinvirtió en el segundo proveedor del Estado en este rubro.
Con esa base económica y ya en este nuevo siglo, Melgar se dedicó a acumular tierras en los fértiles valles del norte chico. Mientras ejercía tan próspero negocio, se le acusó de apropiarse de manera ilegal de 471 hectáreas. El desaparecido periodista Raúl Wiener se encargó de investigar y documentar las mañas de las que se valió el congresista. Sostuvo: “En agosto de 2008 Melgar inicia un proceso judicial contra el Ministerio de Agricultura, arguyendo prescripción adquisitiva de dominio ante el Juez Civil de Huaura, reclamando se le adjudiquen 471 hectáreas del fundo El Ángel en supuesto abandono, que él habría venido trabajando de buena fe desde la década de los 90”.
De manera irregular Melgar se hizo de las tierras. Cuatro años después, el juez de paz del centro poblado Nuevo Mundo recorrió los terrenos del fundo y constató que se encontraban abandonados, que no había posesionario a la vista ni existían vestigios de sembríos o surcos que fueran la prueba de que esa tierra se había trabajado. Lo evidente se hizo obvio. Se trataba de una reserva para la expansión de los negocios del congresista. Solo que un juez de Huara vio, de manera increíble, lo contrario. En el mismo terreno abandonado distinguió una prospera actividad agropecuaria. “El procurador del ministerio que debía defender el interés del Estado, increíblemente dejó pasar el plazo de la apelación, el fallo de primera instancia fue ratificado y Melgar se quedó con las 471 hectáreas”, sostuvo Wiener.
Diversas fuentes nos han hablado del poder que ejerce Melgar en diferentes instancias del Estado. El congresista sale siempre bien librado de cualquier proceso que se le abra. Incluso salió invicto de la Comisión de Ética del Congreso. Además, se le permitió integrar la Comisión Agraria, un hecho que revela de manera evidente un conflicto de intereses y que reforzó su posición de poder.
El tercer ángel es el congresista por Madre de Dios, Modesto Figueroa Minaya, a quien hemos hecho mención líneas arriba. Se trata de uno de los principales proveedores de petróleo para la minería ilegal. Fue el procurador del Ministerio del Ambiente quien lo detectó hace poco más de dos años, cuando esta entidad se involucró de manera seria en la lucha contra la minería ilegal y se dieron leyes específicas para controlarla. Esta procuraduría especializada en delitos ambientales descubrió que Figueroa era una pieza clave en la red de Gregoria Casas, la reina de Huepetuhe, una de las más mayores productoras de oro en el departamento. El congresista fujimorista es dueño de seis empresas proveedoras de combustible y de ocho grifos que han aparecido cerca a los campamentos mineros. Sus camiones cisterna transportan el petróleo a las zonas devastadas – los inmensos desiertos en medio de la Amazonía - en las que el congresista electo todavía no ha podido construir sus estaciones de servicio.
Según los datos del procurador, las empresas de Figueroa son las siguientes: Corporación Grifera SCRL, Distribuidora Madre de Dios SCRL, Petróleos de la Selva SAC, Corporación Grifera SAC Transportes Paititi EIRL y Proveedora del Sur EIRL.
El cuarto ángel es una mujer: Cecilia Chacón, la cabeza de la lista parlamentaria fujimorista, una de las congresistas reelectas más cuestionadas. A ella se le acusa de enriquecimiento ilícito. Se trata de un caso familiar. A la familia Chacón se le encontró 883, 320 dólares de desbalance patrimonial.
El patriarca de la familia es el general Walter Chacón, quien fue nada menos que el último ministro del Interior de Fujimori y, también, Comandante General del Ejército. Es decir, pertenecía a la crema y nata fujimorista de los tiempos nefastos, aquellos en los que conspiraban por una tercera reelección. Por supuesto, no se trata de que los hijos tengan que pagar las culpas de sus padres. Sin embargo, es el Poder Judicial quién implicó a la esposa y los hijos del general como cómplices de sus delitos de corrupción. En el caso específico de la congresista se determinó que ella recibió la suma de 284, 157 mil dólares en su cuenta, depositados en dos partes. El origen de ese dinero era desconocido y no justificado.
Sin embargo, cuando es interrogada por este asunto, Cecilia Chacón responde indignada que ya ha sido investigada y absuelta por el Poder Judicial y que existe una persecución política contra su familia. Se trata de una verdad a medias que oculta lo principal: nunca, ni ella ni su familia, fueron declaradas inocentes por el Poder Judicial, sino todo lo contrario. Sobre ellos recae una sentencia condenatoria que tiene algunas peculiaridades.
Es cierto que en el año 2014, la Sala Penal Liquidadora la absolvió a ella y a sus hermanos del proceso; pero no porque fuesen inocentes, sino porque como su padre, que era el principal acusado, ya había sido puesto en libertad, concluyeron que no tenía sentido condenar a sus supuestos cómplices. Lo que tampoco dice la congresista es que Walter Chacón fue liberado por exceso de carcelería antes de ser sentenciado y no porque fuera inocente.
Ernesto de la Jara, del Instituto de Defensa Legal, es una de las personas que mejor seguimiento ha hecho de este caso. Lo resume de esta manera:
“Ella dirá que ha sido absuelta. Pero es falso. Llegó a estar condenada a cuatro años de prisión suspendida y a una reparación de dos millones de soles. Lo que pasa es que, posteriormente –al igual que García,Toledo, Nadine Heredia y otros– encontró la vía formal para intentar salvarse. Ya después de la sentencia planteó ante la Corte Suprema una “cuestión previa”, alegando que los cargos contra ella debieron ser formulados por un Fiscal de la Nación y no por un fiscal anticorrupción”.
La sala de la Suprema, varios años después, aceptó la triquiñuela y tiró al tacho una investigación complejísima al ordenar que se comenzara casi de cero. (14 años, 34 procesados y 35 tomos).“Su padre, el general Chacón, también fue salvado por la campana. Cuando estaba a punto de salir la sentencia en su contra, el Tribunal Constitucional expidió un fallo, apartándolo del proceso por considerar que se había vulnerado el plazo razonable. En otros casos similares, el TC dio un plazo perentorio para que se resolviera, pero en éste decidió innovar al poner a un costado al suertudo general”, añade de la Jara.
Aplanadora fujimorista
El temor a lo que pueda hacer la bancada fujimorista en el periodo 2016 -2021 (o tal vez más) no es infundado. Keiko Fujimori no se ha cuidado de revelar sus intenciones frente a las políticas ejecutadas en este gobierno: las va a aplanar.
El gobierno de Ollanta Humala, tan cuestionado por no haber cumplido sus promesas electorales, llegó a impulsar algunas reformas en sectores claves del país como el de Interior, Educación y Ambiente, quizás dejándose arrastrar por algunos empeños individuales.
Modesto Figueroa Minaya es uno de los principales proveedores de petróleo para la minería ilegal. Además, la Procuraduría especializada en delitos ambientales descubrió que era una pieza clave en la red de una de las más mayores productoras de oro en el departamento. (Foto: Facebook).
En Interior se eliminó el sistema de 24 x 24 mediante el cual los policías trabajaban un día sí y otro día no. El día que no laboraban se dedicaban a cuidar bancos, restaurantes y construcciones, con lo que compensaban sus exiguos ingresos. La eliminación de este régimen permite duplicar el número de policías en la ciudad, una de las principales exigencias para el combate a la delincuencia.
No obstante, el decreto 1230 ha generado resistencia en un sector de la policía que considera que con esta medida se afecta una fuente importante de sus ingresos.
Keiko Fujimori ha prometido hacer tabla rasa de dicho decreto y regresar al sistema del 24 x 24 que fue inventado en el gobierno de su padre. Dice que este retorno sería solo temporal, hasta que le aumenten las remuneraciones a los policías. Sin embargo, soslaya que ya está en proceso un aumento escalonado de sueldos para el cuerpo policial.
En Educación se logró aprobar, tras una intensa pugna, la famosa Ley Universitaria. El objetivo es regular la educación superior a fin de elevar el nivel académico y vincularse más al sector productivo. Es decir, el destino de la formación superior no debe estar solo en manos de las universidades y los institutos sino que el Estado debe orientarla. La noticia le cayó bomba a los dueños de las universidades, especialmente a quienes se beneficiaron con la promoción de la educación privada ocurrida durante el gobierno de su padre. Esta ley ha encontrado resistencia también entre las autoridades universitarias agrupadas en la fenecida Asamblea Nacional de Rectores.
Desde el fujimorismo no han escatimado ataques contra esta ley, y el año 2014 la bancada de Fuerza Popular presentó una acción de inconstitucionalidad. La propia Keiko Fujimori encabezó estas críticas y dijo que la ley tenía tintes velasquistas y era solo un capricho del Gobierno.
La virulencia con que los fujimoristas tomaron esta iniciativa se explica por la relación de sus cuadros y financistas con algunas universidades. El actual congresista, Elías Dávalos, es presidente de la Universidad San Juan Bautista y su colega de bancada, Joaquín Ramírez, también secretario general de Fuerza Popular, tiene estrechos lazos con la Universidad Alas Peruanas ya que es sobrino del rector. (Ramírez merece un informe aparte.)
En Ambiente, los decretos que norman la minería ilegal también estarían con los días contados. Keiko Fujimori no solo ha firmado un pacto con los mineros informales de Madre de Dios, tiene un representante de ellos en el Congreso, y además ha estrenado como asesor a uno de los principales enemigos de la regulación minera: Hernando de Soto.
El problema en Madre de Dios es gravísimo. La actividad minera tiene consecuencias letales para el medio ambiente y está asociada a la trata de personas. Hasta el momento los intentos del Estado por controlarla han sido infructuosos. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, promovió los decretos 1100 y 1105 que buscan formalizar a los mineros, pero estas normas han sido rechazadas por la mayoría de personas que se dedican a la extracción de oro en esta región.
Para saber con mayor detalle cuáles son los planes de Fujimori en Madre de Dios tenemos que revisar el folleto “Conga va pero con nosotros” que sobre el tema elaboró el Instituto Libertad y Democracia (ILD), que preside Hernando De Soto. Sus principales propuestas son: Derogar los siete decretos que regula la minería informal, autorizar la invasión de concesiones mineras inactivas, reducir el pago de impuestos de la minería a pequeña escala de 4% a 1.5% y dejar de usar instrumentos tributarios formales. Lejos de proponer algún tipo de regulación, De Soto propone convertir a Madre de Dios una zona liberada para la minería ilegal.
Así las cosas, los 73 se preparan para dar la batalla por estas propuestas aterradoras. Una batalla desigual que ganarán al caballazo, con una votación aplastante.
Los 73 son fruto de alianzas muy precarias, basadas en el interés individual o local, el aporte económico o el amiguismo. Keiko Fujimori ha reiterado varias veces que sus 73 han pasado los filtros. Lo que ha hecho es pasarlos por agua tibia.
Ahora ya no podemos rebobinar ni patear el tablero. Estos 73 son nuestros dignos padres de la plata.